- Pensiones, salud, educación, acceso a la justicia, preocupación transversal por la participación ciudadana, mayor descentralización, la probidad y transparencia y mejora en la gestión pública son los temas predominantes.
- Los rectores de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica destacaron la valoración de la participación ciudadana por parte de la ciudadanía e hicieron un llamado al Consejo Constitucional.
08 de agosto.- Hasta el ex Congreso en Santiago llegaron Rosa Devés e Ignacio Sánchez, rectores de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica respectivamente, en conjunto con los secretarios ejecutivos de la Secretaría de Participación Ciudadana, para entregar el último informe con los hallazgos más relevantes obtenidos a partir de la sistematización de la participación ciudadana.
La rectora Devés, se refirió a la valoración de la participación ciudadana en este proceso. “Hemos desarrollado mecanismos que pueden ser muy importantes, van a ser sin duda importantes en la democracia del país. La participación ciudadana es un anhelo que resulta justamente de este análisis de participación. Es uno de los resultados. Queremos más participación por nuestra democracia”, mencionó.
Por su parte, el rector Sánchez al finalizar la instancia se dirigió al órgano redactor. “Quisiera hacer un llamado muy sentido al Consejo Constitucional porque la ciudadanía ha confiado en el proceso, ha confiado en las instituciones y está confiando en que van a revisar con mucha profundidad las propuestas que se han entregado”, señaló.
Anteriormente, el pasado 21 de julio, ya se habían entregado los resultados preliminares con los números de participación y algunos hallazgos al Consejo pleno, lo que fue profundizado en esta instancia, entregando la información más importante en relación a cada Comisión.
“Lo más importante de esto es que hay un resumen ejecutivo de los principales puntos para cada comisión”, señaló Ignacio Irarrázaval, secretario ejecutivo de participación de la Pontificia Universidad Católica, y agregó que “le dijimos a la mesa directiva, que era muy importante que estos titulares, estos mensajes llegaran a los consejeros porque detrás de nosotros está toda una ciudadanía”.
En la misma línea, Carlos Rilling, secretario ejecutivo de participación por parte de la Universidad de Chile, se refirió a la importancia que tiene la información contenida en el informe y señaló que “nos preocupa sobremanera que la puedan tener a la vista, que puedan considerar las preocupaciones que la ciudadanía ha expresado, como lo hemos visto, somos depositarios y tenemos que honrar la confianza que la ciudadanía tuvo en nuestras universidades y en el sistema universitario en general para participar en la revisión del proceso del anteproyecto de propuesta constitucional”.
Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
De acuerdo a la información entregada por la Secretaría, uno de los temas que suscitan mayor preocupación son las pensiones y el sistema de seguridad social en general, donde se destacó que existe un acuerdo en que es prioritario que el Estado garantice prestaciones sociales como mínimo garantizado y que es necesario hacer cambios al sistema de pensiones, pero se observan discrepancias en torno a la propiedad, heredabilidad y apropiabilidad de los fondos, la importancia del mérito y ahorro individual, la libertad de elección, la posibilidad de retiros y de lucro en el sistema.
La educación también aparece como uno de los derechos más nombrados por los participantes, con una preocupación transversal por su calidad, con conceptos como integral, inclusiva o equitativa. Asimismo, las preocupaciones por este derecho también se extienden a otras áreas, con demandas específicas por la educación en las salas cunas o educación superior, como así también por la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.
Se destacan también los resultados sobre el derecho a la salud, los que demuestran una preocupación central por su calidad, donde además la incorporación explícita de la salud mental pareciera reunir una gran adhesión ciudadana. Además, se observa con frecuencia una preocupación por el derecho a cuidados.
Se suma a esto, la preocupación por la consagración del derecho a la vivienda, con referencias a conceptos como digna, adecuada, accesible o segura y los derechos laborales, donde se evidencian demandas por el derecho al trabajo decente y los derechos sindicales.
Respecto del medio ambiente, se destaca la preocupación transversal que existe por parte de las y los participantes. Se expuso el gran respaldo respecto al deber del Estado, pero también de las personas, de proteger el medio ambiente, la naturaleza, la biodiversidad y los animales. En específico, respecto del agua, su consagración como bien nacional de uso público genera alta adhesión, con prioridad en el consumo personal y doméstico. Sobre el sistema de derechos de agua se observan ciertas discrepancias respecto de su propiedad. Finalmente, en esta materia, destaca la aparición de ciertas ideas en torno a la protección de los animales.
Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado
En la Comisión de Sistema Político, se destacó la preocupación por la participación ciudadana y la necesidad de la formación cívica manifestada en los diversos mecanismos. Se destacó, además, que los nuevos mecanismos de democracia directa que incluye el anteproyecto de propuesta de nueva Constitución, en general, reciben una alta valoración por parte de las y los participantes.
Otro aspecto mencionado es la preocupación transversal por una mejora en la gestión pública, en la que se nombran conceptos como recursos, eficiencia, administración, funcionarios, carrera funcionaria y evaluación de desempeño. Sumado a esto, se destaca el apoyo al concepto de descentralización y al amplio apoyo a una norma sobre la equidad en la distribución territorial de recursos.
Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos
Con respecto a la Función Jurisdiccional, la demanda apunta hacia un acceso más igualitario, eficiente y punitivo. Valentina Rosas, coordinadora de la Secretaría de Participación señaló que “se busca simplificar procesos judiciales y proporcionar apoyo a las víctimas, incorporar principios de gratuidad, modernización de la justicia, y en general, un trato digno, pero eficaz hacia las personas involucradas en procesos judiciales”.
Se suma a esto el apoyo a la creación del Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas propuesta por la Comisión Experta que logra una altísima adhesión, aunque de igual modo aparecen preocupaciones asociadas al riesgo de que herede las dificultades que las personas ya perciben en el sistema de justicia.
Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos
En esta Comisión, se destacó la valoración de participantes a la definición de Chile como unitario y descentralizado.
Por otro lado, se expuso una preocupación por el concepto de familia, donde existe un debate en torno al reconocimiento de sus múltiples formas.
Se suma a esto la preocupación por los Derechos Humanos, en relación a las garantías de no repetición y su protección, y la necesidad de contar con mayores garantías en términos de derechos sociales. Sin embargo, surgen diferencias en torno a ciertos conceptos como la provisión de estos derechos, la prohibición del lucro, la progresividad, el principio de no regresividad y la subsidiariedad.
Finalmente, en lo que respecta a esta comisión, se destacó el amplio respaldo ciudadano a la libertad religiosa, al igual que el derecho a la libertad de expresión, que se concibe como un factor habilitante para el ejercicio de otros derechos.