En un momento histórico para la democracia, la Secretaría de Participación Ciudadana del Proceso Constitucional fue mandatada a recoger la opinión de la ciudadanía sobre el anteproyecto de nueva Constitución a través de un espacio de conversación diverso y que represente la diversidad social y demográfica del país.
Para cumplir con este desafío reunimos de forma aleatoria a 990 personas de todas las regiones de Chile, las que se agruparon en 231 grupos de conversación. Fueron más de 700 horas de conversación sobre: derechos y libertades, derechos sociales, política y democracia representativa, deberes constitucionales y ciudadanía, participación, descentralización.
A continuación te presentamos los primeros resultados que surgen del análisis de dichas conversaciones.
Primeros hallazgos
1. Derechos y libertades
El derecho a la libertad de expresión, información y opinión es priorizado y entendido como un factor habilitante para el ejercicio de otros derechos. La comunicación y la expresión política se consideran como el piso mínimo para la convivencia política. Sin embargo, este tema también es situado en el último lugar por algunos grupos. Si bien existe un relativo acuerdo en la formulación del enunciado, este se considera menos prioritario que las demás afirmaciones, en vista que los “derechos personales” deberían ser prioritarios sólo cuando se logre consagrar adecuadamente los demás derechos.
Por otra parte, existe consenso sobre la importancia de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a pesar de no ser un tema priorizado, pero disenso respecto al rol que deben tener los padres respecto a las creencias religiosas de niños y niñas.
Respecto al derecho de propiedad, a este se le asigna un segundo orden de prioridad dado que, de acuerdo a lo expresado por participantes, sería un tema ya abordado por el marco regulatorio actual de manera satisfactoria. También se señala que es prioritario ofrecer garantías a las personas frente a la expropiación estatal, con especial énfasis en garantizar una adecuada indemnización.
2. Derechos sociales
Existe acuerdo entre los participantes en que el Estado debe tener un rol protagónico en materia de medioambiente, resguardando el derecho de vivir en un entorno saludable y sostenible. Sin embargo, los participantes también solicitan complementar este artículo con un enfoque territorial que resguarde el derecho de vivir en un entorno saludable y sostenible, buscando el equilibrio entre la actividad económica y el cuidado del medioambiente.
Para los participantes, el derecho a la salud es condición necesaria para el desarrollo de las personas y las comunidades y, por tanto, para el ejercicio de otros derechos, por lo tanto, es una prioridad ciudadana. Asimismo, es posible observar una evaluación negativa de la atención actual y se señala que la prestación debe ser pública y privada. Respecto al enunciado de educación, las personas declaran que es un derecho basal para la vida y un motor para el desarrollo de las naciones y futuras generaciones, y existe una percepción de baja calidad respecto a la formación ofrecida por el sistema público. No hay una discusión mayor sobre el articulado presentado.
Por su parte, el articulado sobre derechos sociales que hace referencia a pensiones, es el que genera más desacuerdo entre los participantes, poniendo en tensión las ideas de mínimo social y el mérito individual.
Sobre el derecho a la vivienda adecuada, existe acuerdo sobre lo difícil que es acceder a la vivienda, entre otras razones, debido a los largos procesos administrativos, enfatizando la importancia de la vivienda propia a precio accesible. No obstante, también existe debate respecto a quienes creen que debe ser casa propia o no.
3. Política y democracia representativa
El tópico de Presidencia es prioritario. Los participantes quieren continuar con la elección directa del presidente y existe acuerdo en que el periodo de 4 años es insuficiente, dado que los primeros y últimos años serían limitantes para los proyectos de cada presidencia. Se puede apreciar con cierta popularidad la recomendación de un límite máximo de duración (dos períodos de 4 años) y un límite inferior (5 años), aunque se deja ver también una discusión no resuelta sobre la posibilidad de reelección.
Los participantes demandan mayores exigencias al mundo político. Solicitan que diputados y senadores tengan una conducta intachable y que la probidad sea una prioridad. Asimismo, discrepan de la posibilidad de control de los partidos políticos, bajo el fundamento consensuado de que los ciudadanos escogen personas y no partidos.
Finalmente, respecto del enunciado que indica que sólo serán parte de la Cámara de Diputadas y Diputados los partidos políticos que sumen al menos un 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional o cuenten con un mínimo de 8 parlamentarios en el Congreso Nacional, este queda rezagado en relevancia frente a los artículos que refieren a los temas vinculados al presidencialismo y la probidad de la política. Aunque sí se señala que puede dejar fuera a los independientes y que es una medida que pone excesivo énfasis en los partidos políticos, pero también hay argumentos de que ayudaría a la gobernabilidad.
4. Deberes constitucionales
En lo que respecta a los deberes constitucionales existe gran acuerdo con los artículos presentados. Se observa un acuerdo sobre el enunciado que hace referencia a que todas las personas deben respetarse y comportarse fraternal y solidariamente. Se valora el respeto cívico como un sustrato fundamental de ser persona, y se prioriza porque englobaría otros deberes y derechos, incluidos el respeto a la seguridad pública, valores y cuidado del medio ambiente, entre otros.
Sobre los deberes en torno al medio ambiente se valora que se responsabilice al individuo por el daño ambiental, pero se advierte que este también es responsabilidad del Estado y de organizaciones, como las empresas. En relación a las cargas públicas, estas son menos priorizadas por la impresión que los impuestos no son utilizados satisfactoriamente. Se percibe que los impuestos en Chile son excesivos, que son evadidos por grupos empresariales y también que no son justamente cobrados. Así mismo se considera que otras cargas, como vocalías de mesa, debieran ser más flexibles.
Finalmente, se observa un claro disenso respecto al deber de respetar a los padres asistirlos, alimentarlos y socorrerlos cuando estos los necesiten. Si bien algunos participantes valoran este artículo desde la perspectiva de valores como la reciprocidad y la defensa de la familia, otros afirman que esta obligación podría ser injusta dada la diversidad de vínculos familiares.
5. Ciudadanía, participación y descentralización
Los participantes valoran la posibilidad de involucrarse en las decisiones del país. Existe un acuerdo sobre la importancia del voto informado, pero solo un acuerdo parcial respecto a la obligatoriedad del voto, siendo un tema menos priorizado porque se percibe que ya está en vigencia. También, se valora la posibilidad de que los ciudadanos puedan proponer Iniciativas Populares de Ley y destacan la innovación de este tipo de mecanismo. No obstante, existe discusión respecto a si el umbral establecido es alto o es bajo. En lo que respecta a los extranjeros avecindados en Chile, existe acuerdo relativo en lo relativo al derecho al sufragio y consenso en que deberían existir mayores barreras para el ejercicio de cargos de elección popular en el caso de extranjeros nacionalizados. Entre ellas se menciona el aumento de años mínimos de nacionalidad o la exclusión de ciertos cargos como la Presidencia.
Por otra parte, existe acuerdo general en la prioridad de descentralización argumentando que las regiones tienen necesidades y condiciones basales diferentes.